Defensoría del Pueblo rechaza amenazas de muerte contra líderes sociales de Sucre

La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación por las amenazas de muerte denunciadas contra líderes sociales de Sucre, quienes han sido objeto de intimidaciones por su labor en la búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre de La Guaripa, ocurrida en 2018.

Según la denuncia del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), las amenazas fueron recibidas el 18 de octubre y están relacionadas con la reciente condena judicial por la mencionada masacre.

Un caso que supera la justicia

La Defensoría del Pueblo destacó que estas amenazas no solo ponen en riesgo la vida e integridad de los líderes sociales, sino que también afectan las garantías de acceso a la justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En este sentido, la institución recordó que en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Sucre, solicitando al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarios.

Además, en 2023, la Corte IDH emitió la Sentencia CAJAR vs. Colombia, en la que declaró responsable al Estado colombiano por violaciones sistemáticas contra los integrantes del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CAJAR) y sus familias durante más de tres décadas.

Un llamado a la acción

La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía General, al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías correspondientes a activar de inmediato las rutas de prevención y protección, y convocar con urgencia las instancias territoriales de garantías.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar estas amenazas con celeridad y debida diligencia, identificar a sus responsables y esclarecer una posible relación con el proceso judicial.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno nacional a reconocer públicamente la labor legítima del CAJAR y del MOVICE, abstenerse de cualquier forma de estigmatización e informar sobre estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.