Cambios en la Ley: ¿cómo afectan a los menores la decisión de apellidos?
La Ley 2129 de 2021 elimina la prioridad del apellido paterno, pero los jueces deben considerar la identidad y opinión del menor al definir los apellidos.
La Ley 2129 de 2021 revolucionó la forma en que se definen los apellidos en Colombia, eliminando la prioridad del apellido paterno. Sin embargo, cuando se trata de menores de edad, los jueces deben considerar factores adicionales antes de tomar una decisión.
En la práctica, esto significa que los progenitores pueden acordar libremente el orden de los apellidos, pero si no existe acuerdo, el orden se define mediante sorteo. Sin embargo, cuando la paternidad se declara posteriormente mediante una decisión judicial, la situación cambia.
Un análisis más profundo
Según la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, el cambio de apellido no puede analizarse únicamente desde la filiación, sino también desde el derecho a la identidad y el interés superior del niño. Esto implica valorar aspectos como cuánto tiempo ha utilizado el menor el apellido actual, cómo es reconocido en su familia y en su entorno escolar y social, y qué impacto tendría modificarlo.
El abogado Jimmy Jiménez explica que el apellido no es simplemente un dato en un documento, sino que hace parte de la identidad y de la historia de cada persona. Por eso, cuando se trata de un menor, el juez debe analizar qué impacto real tendría cambiar el apellido con el que ha crecido y con el que se reconoce dentro de su entorno.
La opinión del menor
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados cuando una decisión judicial afecta sus derechos. Así lo establece el Código de Infancia y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto no significa que el menor tenga que decidir sobre el conflicto entre sus padres, pero sí que su opinión debe ser tenida en cuenta de acuerdo con su edad y nivel de madurez.
En conclusión, la decisión de apellidos en casos de menores de edad debe tener como prioridad la protección de los derechos y el bienestar del niño, niña o adolescente. Los jueces deben equilibrar las reglas sobre filiación con la identidad que el menor ha construido y las consecuencias que tendría modificarla.
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