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Alcaldía de Victoria enciende alertas ante red de estafas a campesinos con cobros falsos a nombre del IGAC

Por Redacción Caldas • • 4 min de lectura • 4 lecturas

El alcalde de Victoria (Caldas), Juan Alberto Vargas, advierte a la comunidad rural sobre falsos funcionarios del IGAC que exigen dinero en efectivo por supuestos trámites de predios.

Alcaldía de Victoria enciende alertas ante red de estafas a campesinos con cobros falsos a nombre del IGAC

En el marco de las acciones preventivas para blindar la economía campesina y evitar abusos delictivos en el oriente de Caldas, la Alcaldía de Victoria y las autoridades policiales lanzaron una alerta institucional urgente tras detectar una red de estafas operando en la zona rural y urbana del municipio. Delincuentes inescrupulosos se hacen pasar por delegados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para engañar a los pequeños propietarios y productores agrícolas mediante supuestos trámites de catastro y linderos.

El alcalde municipal, Juan Alberto Vargas, denunció públicamente que los estafadores contactan telefónicamente a los pobladores y visitan fincas dejando citaciones apócrifas en las que exigen consignaciones bancarias o cobros inmediatos en efectivo para realizar visitas técnicas de delimitación predial. Asimismo, intimidan a las familias rurales afirmando que existen inconsistencias en la nomenclatura catastral o medidas erróneas de los terrenos, amenazando con imponer cuantiosas multas sancionatorias si no entregan sumas de dinero al instante.

Contexto y Antecedentes del Suceso

El municipio de Victoria se encuentra ubicado en la subregión del Magdalena Caldense, una zona con vocación eminentemente agropecuaria donde históricamente los procesos de formalización de la propiedad rural y actualización catastral han requerido un acompañamiento pedagógico riguroso del Estado. En este entorno, el desconocimiento de los procedimientos administrativos formales es aprovechado por bandas dedicadas a la suplantación de identidad institucional para timar a las comunidades campesinas.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es la entidad gubernamental encargada de producir el mapa oficial de Colombia, levantar la cartografía territorial y coordinar el catastro multipropósito. Sin embargo, la normativa legal colombiana estipula con claridad absoluta que ningún servidor público del IGAC ni perito autorizado está facultado para recibir pagos en efectivo sobre el terreno ni para imponer multas directas a través de consignaciones a cuentas de personas naturales.

Impacto en la Comunidad y Reacciones Institucionales

La proliferación de llamadas intimidatorias y visitas fraudulentas generó un ambiente de temor y zozobra entre los presidentes de juntas de acción comunal y familias campesinas de veredas apartadas de Victoria. Veedores cívicos y líderes del sector rural aplaudieron la rápida advertencia del mandatario local e instaron a los vecinos a cerrar las puertas a personas extrañas que no porten los distintivos y códigos de verificación oficial del IGAC.

El alcalde Juan Alberto Vargas exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier trámite predial exclusivamente a través de los canales presenciales de las secretarías de Hacienda y de Planeación Municipal antes de entregar datos o dinero. Simultáneamente, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron una noticia criminal para rastrear los números telefónicos y las cuentas bancarias suministradas por los estafadores en los panfletos entregados a las víctimas.

Perspectivas y Medidas a Futuro

La administración municipal de Victoria coordinará brigadas itinerantes de orientación catastral gratuita en las inspecciones de policía y caseríos rurales, en articulación directa con la dirección territorial del IGAC en Caldas. Paralelamente, se difundirán piezas radiales y perifoneo en las plazas de mercado para blindar a las comunidades rurales contra los fraudes electrónicos y la extorsión patrimonial.

La Región mantendrá un seguimiento estrecho a las investigaciones de los organismos de policía judicial frente a estas denuncias en el oriente de Caldas. Defender la tranquilidad y el patrimonio de los campesinos colombianos es un deber insoslayable frente al oportunismo de las redes delictivas que intentan lucrarse de la buena fe comunitaria.

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